• Hugo Sánchez Robles

Instituciones tradicionales y transición democrática en el Sistema Político Mexicano


La entrada del nuevo siglo trajo una serie de eventos que representaron para la sociedad mexicana una disrupción significativa que llevó a muchos a pensar que el sistema político mexicano atravesaba un momento de transformación pues, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía por primera vez en 70 años las elecciones presidenciales llegando el Partido Acción Nacional (PAN) al poder en el año 2000.

Se habló, en ese entonces, de transición a la democracia, del inicio del fin para el partido que ostentó el monopolio del ejercicio público del poder. Puede decirse que la euforia hizo que se dejara de prestar atención a lo realizado por el gobierno nuevo para hallar la diferencia estructural (si es que la hubo) para entonces afirmar una verdadera transición.

Llegaron las elecciones de 2006 y el PAN repitió la hazaña: nuevamente el PRI perdía las elecciones, esto no dejaba lugar a dudas realmente se estaba frente a los cimientos de un cambio, aunque fuera sólo de nombres y colores.

Estas observaciones, aparentemente llenas más de entusiasmo que de un análisis certero, se vendrían abajo al suceder lo impensado: el PRI regresaba al poder ejecutivo, lograba consolidar mayoría en el Congreso y tenía la capacidad de lograr un llamado a las principales fuerzas políticas para llevar a cabo una serie de reformas estructurales; apuntando al neoliberalismo.

El objeto del presente ensayo tiene como interés dar cuenta de aquellos elementos existentes en nuestro sistema político y en sus actores que proporcionan otra perspectiva respecto a la idea de transición a la democracia y, así mismo, guardar distancia respecto a la sorpresa que ocasionó el regreso del tradicional partido en 2012.

Tal análisis pretende emplear una combinación teórica que, para muchos, puede resultar contradictoria e ineficaz para el análisis político, sin embargo, como objetivo lateral se intentará demostrar que no necesariamente es así: por un lado, para comprender al Estado, la cuestión estructural y la dinámica de poder a un nivel mayormente general se apelará al materialismo histórico.

Sin embargo, la peculiaridad de la vida social en México requeriría de una base teórica que se ocupase de las interacciones al interior, el marxismo, sería insuficiente, por tanto, se justifica el empleo de la teoría sistémica en tanto que ésta es capaz de abordar los fenómenos políticos en tanto interacciones que configuren la asignación autoritaria de valores.

Lo que se sostiene en este ensayo es que, a pesar de que la alternancia dada en el 2000, las instituciones que viven de forma latente están arraigadas de tal manera que el cambio, de partidos y de nombres, sería insuficiente para hablar de una transición realizada en el sentido más amplio del término. No se pretende hacer un estudio comparativo respecto a la durabilidad de las instituciones cimentadas en 70 años frente a 12 años de alternancia, sino que se pretende rastrear estas instituciones para poder dar un justo valor de su importancia y su presencia no sólo como un ingrediente más del sistema político sino como su moldeador y definidor.

En torno a la manera de proceder se hará de manera histórica-interaccionista al intentar aprehender los elementos que dieron origen al sistema político mexicano, así mismo una anatomía del sistema a partir de su institucionalización de los años cuarenta y de su continuidad hasta la mal llamada transición democrática por los gobiernos panistas. Con objeto, como ya se mencionó, de dar cuenta en torno a la no-disrupción.

Antecedentes

Parece haber un acuerdo entre los orígenes del sistema político mexicano, si bien no podríamos hablar de una formación institucional con la fuerza que tendrá bajo el régimen priista, al menos es posible hablar de que sus antecedentes parten del liberalismo juarista y del régimen porfirista. Del primero se deben mencionar las aclamadas leyes de Reforma, la adopción del federalismo y la preminencia del poder Legislativo frente al Ejecutivo.

Por supuesto tales elementos son de vital importancia y no valdría en ningún análisis dejarlos de lado, sin embargo, se piensa que para efectos de señalar la particularidad del sistema político mexicano es necesario darle una mayor preeminencia a la cuestión del régimen, es decir, las reglas instituidas que están por fuera y por encima de cualquier formalidad legalista pero que sustentan la cohesión de la clase política y aseguran el futuro de la misma.

En este punto es válido retomar la noción que François Javier Guerra proporciona en función de las relaciones sociales sostenidas en aquel México de la República Restaurada. La ambición del liberalismo mexicano fue siempre trasladar una sociedad puramente tradicional[1] a otra de carácter moderno[2].

[1] En términos de Guerra la sociedad tradicional u holista está caracterizada por actores colectivos donde los vínculos son de dependencia, informales, más cercanos a lazos afectivos o familiares, de grupo. Donde su fuerza estaría en que perdurarían a través de las generaciones.

[2] La sociedad moderna sería aquella donde los lazos humanos estarán en función de intereses comunes, donde existe un reconocimiento pleno del individuo como célula de la sociedad y a ésta como el conjunto de individuos. De ahí la obsesión de un pacto social (ley) que los contractualistas se encargaron de formular.

Es pues el liberalismo el bastión de aquella modernidad en la que caímos. De ahí que los liberales tuvieran la creencia en torno al establecimiento de Constituciones, es decir, leyes formalizadas que sustituyeran todo acuerdo que no estuviese sustentado en escrito teniendo respaldo jurídico. Podría decirse que un profundo desconocimiento de las sociedades tradiciones y la totalización de la realidad en términos del concepto hicieron del lenguaje una esquizofrenia política. Es decir, que la aplicación de la ley, con ello la modernización de la sociedad, no se dio, se mantuvieron los lazos tradicionales teniendo repercusión en el porfirismo.

Durante el régimen porfirista se observa, entonces, ya no una insistencia infértil en establecer un régimen moderno, sino que el propio régimen porfirista se va a nutrir de las relaciones de tipo tradicional. A sabiendas que las fracciones de poder (militares, científicos, intelectuales, técnicos, amistades, etc.) buscan mantenerse en esa esfera o en otros casos lograrla, prestan su lealtad al militar más fuerte (Díaz) para una vez concretada su llegada al poder entonces verse beneficiados.

Como se observa, estos elementos ciertamente contrariados: sociedad tradicional frente a sociedad moderna, ley frente a costumbre, vínculos afectivos frente a vínculos organizativos van a marcar la dinámica del poder en el juarismo y en el porfirismo, aparentemente habrá una disrupción durante la revolución, aunque una mirada más profunda asegurará entonces que estos elementos son la base de interacciones de nuestro sistema político mexicano.

Institucionalización. Partido Hegemónico y Presidencialismo

Tres serán las bases para lo que hoy entendemos como sistema político mexicano, Cosío Villegas supo visualizar la importancia de dos de ellas: el Partido hegemónico (por no decir único) y el presidencialismo (figura del Ejecutivo), la restante ya se ha mencionado, la ley (Constitución de 1917).

Para comprender el proceso en el que se da la institucionalización del partido y del presidencialismo en su defecto es necesario un referente situacional. Por una parte, el partido pretendió aglutinar las diversas fuerzas caudillistas que tenían alguna influencia, es decir, transpuso al caudillo, cuyo medio de acción eran las armas, por el burócrata que se valía de los mecanismos institucionales, así entonces, se convocaron a todas las fracciones dentro del movimiento carrancista y luego obregonista o callista, sumando a los diversos partidos socialistas.

El resultado fue altamente satisfactorio: el surgimiento de un partido de Estado capaz de aglutinar diversas fuerzas políticas, dando origen simultáneamente al presidencialismo. López Villafañe señala con mucho acierto, valiéndose de Poulantzas, que no podría haber sido el poder Legislativo el que tomara predominio en la configuración del poder público, ya que, aun con el éxito del Partido Nacional Revolucionario (PNR) las diversas facciones no serían cooptadas de inmediato, por tanto, un poder que residiera en uno solo como eje coordinador, limitador, cohesionador y coaccionador lo suficientemente fuerte para lograr el cometido principal sería sola y únicamente el Ejecutivo.

Sería así como el Partido lograría mecanismos de control que le fuesen suficientes para organizar a la masa (dirección política, ideológica, de dominación, etc.) A pesar de lo anterior, no se puede hablar de una institucionalización completa sino hasta los años dorados del priismo, es decir, los años de Cárdenas.

Para dilucidar la cuestión y también con el propósito de acercarnos a los objetivos del presente ensayo propongo esta cuestión: ¿cuáles serían los elementos que diferenciarían un Estado como el cardenista que sostenía una capacidad de acción verdaderamente amplia, frente al actual cuyo marco de acción es seriamente limitado y a veces constreñido?

Para esta cuestión valdría echar mano de la concepción del Estado desde el materialismo histórico, la cual nos indica que el Estado resulta de las contradicciones de clase como un poder conciliador entre el carácter antagónico de la sociedad, sin embargo, esa conciliación se encuentra, permeada por los intereses de la clase dominante, es entonces bajo las condiciones de un capitalismo pre-industrial, donde hay una burguesía nacional débil y se requieren de generar condiciones para la reproducción de capital, el Estado funge un papel central.

Es de destacar que esta autonomía relativa que el Estado adquiere respecto a la clase burguesa y al capital internacional se ve intensificada por la ideología nacionalista posrevolucionaria que marcó a las esferas sociales otorgándole, en parte, una identidad a las bases.

Entonces, la base social (campesina, obrera) otorgará la legitimidad que aumentará las posibilidades de acción del Estado. Hoy en día, donde el Estado ha sido devorado por las élites económicas nacionales e internacionales, la vieja burocracia política y junto al embate neoliberal la acción gubernamental ha sido seriamente recortada y asfixiada para convertirse en mero paliativo (fracasado) de los rezagos sociales considerados naturales, de ahí que la prioridad sea la creación de programas sociales y no la generación de condiciones para el desarrollo económico de los individuos. Es necesario comprender que este traslado de las funciones de Estado no es más que la transformación del capitalismo, de uno de Estado proteccionista, a otro de economía abierta.

Habiendo establecido el parámetro de clase de uno de los elementos del sistema, habría que dilucidar la cuestión en términos de interacción del otro elemento vital para la supervivencia de la vida política de este país: el presidencialismo. Retomando lo anteriormente dicho, el presidencialismo más que una forma de bloquear el consenso popular es la manera en que los poderes hegemónicos pueden hallar una representación de manera más amplia[3].

[3] Resulta importante señalar que algunos teóricos de la ciencia política creen que el presidencialismo bloquea el consenso dado que se le da preminencia y facultades especiales respecto al poder Legislativo, ya que, por alguna razón que me es desconocida, se piensa que el Congreso es más legítimo que la Presidencia.

El presidencialismo, así mismo, no destruyó al caudillo ni lo reformó, sino que institucionalizó sus facultades y las volvió ley. A esto habría que añadir con especial atención aquel fundamento tradicional que se gesta desde el juarismo y que será evidente en el porfirismo. De tal manera nos serían entonces comprensibles prácticas como los amiguismos, compadrazgos, tráficos de influencias y cómo es que se han mantenido a pesar de ciertas aperturas dentro de un sistema que ha tardado mucho en mostrarlas.

Estas prácticas que tienen su origen un siglo atrás y que pueden remontarse desde el origen de las sociedades coloniales, quizá incluso prehispánicas, es evidente no han mantenido la misma forma de ser llevadas a cabo. Han sufrido transformaciones y han eficientado su efectividad, de tal manera que, tras dos sexenios de panismo, se creyó (me atrevería insistir eufóricamente) que la figura del tapado y del dedazo han desaparecido. Los eventos recientes nos evidencian que esto no ha sido así.

El esquema propuesto anteriormente donde, por supuesto, deben atenderse las facultades establecidas bajo un marco legal pero que se debe dar un lugar especial a las interacciones informales, tradicionales, nos funciona para analizar el presidencialismo nuevamente.

La figura presidencial ha sido donde se ha materializado aquella función conciliadora de clase que se menciona arriba, de tal manera que las demandas de grupos obreros, campesinos, empresariales y de cualquier otra índole, para prosperar debían (deben) ser remitidas al Ejecutivo, de ahí que Cosío Villegas señalara que hubo la creencia del presidente como ser mítico que podía lograrlo todo.

Es entonces que las demandas sociales solo así se volverían algo más, dado que el presidente contaba (y cuenta) con facultades extraordinarias al legislar, con una mayoría partidista en el Congreso, lo dicho por el presidente se vuelve ley.

A pesar de que actualmente hay una pluralidad mucho mayor que en los años absolutos de priismo, es posible verificar que, para las cuestiones verdaderamente centrales del neoliberalismo, por ejemplo, para la circulación de mercancía, aduanas, controles estatales, aprobación de recortes al gasto público, etc., la oposición se ve seriamente limitada o inexistente a tal grado de pensar que no hay diferencia ideológica en estos temas. ¿No sería esto, entonces, una forma en que el priismo y sus fracciones dominantes han podido mantener su poderío ante el desgaste de las figuras ya mencionadas?

Otra de las facultades del Ejecutivo que fueron llamadas metaconstitucionales está en relación con la elección arbitraria de los gobernadores y presidentes municipales de las zonas geográficamente más importantes, así también, en su debido momento con el Regente del entonces Distrito Federal. Es decir, todo aquel que quisiera aspirar a un cargo de esta magnitud de una u otra manera debía pasar por el aval presidencial, siendo entonces que ahí residía su fidelidad y sumisión al Ejecutivo. Hoy podríamos atribuir otra serie de mecanismos en sentido de asegurar lo que se ha llamado elección de Estado tales como la compra de votos, la extorsión[4], ante la necesidad cada vez más pululante de legitimar, aun siendo a través del mero sentido cuantitativo, el dominio del partido.

[4] A pesar de que esto no es relativamente nada nuevo, tan solo recordar los años (aún vigentes) del charrismo sindical, la diferencia en la época actual radicaría en que ante la presencia de otro tipo de partidos, el uso de estos mecanismos se hace con mayor presión, con mayor necesidad de extender el voto y de diversas formas de dirigir el escrutinio público a su favor.

Merece una especial atención la misma práctica, pero ejercida a nivel federal. El famoso dedazo y el tapado, cuya existencia persiste aún después de muerto. Es en vísperas de la próxima elección presidencial en que el titular del poder Ejecutivo (háblese del PRI) designa por mandato divino a su sucesor, este ejercicio arbitrario hace que el Ejecutivo elija a un allegado (precisamente el mismo procedimiento con el que se elige gabinete), sin embargo, la elección es oscura, bajo cierto silencio, de tal manera que el designado debe mantener un perfil relativamente bajo para no ser captado por la opinión pública aunque para ésta ya sea más que evidente quién será el elegido.

En estos días que se ha develado al precandidato del PRI a las elecciones presidenciales de 2018, se observa que José Antonio Meade tuvo una participación discreta, cuando era captado en prensa era únicamente hablando frente a los empresarios del peligroso populismo que representa la oposición o para hacer alguna mención del Paquete Económico, fuera de eso, nada. Sin embargo, la característica especial y que no debe darse como un dato más, es que el designado no pertenece como miembro militante del partido. Esto es de especial interés, aunque no debe situársele como la crisis del PRI incapaz de encontrar candidato (crisis del PRI llevan anunciándose desde los setentas y hasta ahora no se ha visto su derrumbe).

Así mismo se pueden sumar infinidad de atribuciones que el Ejecutivo se ha dado, a través de los mecanismos constitucionales que le permiten hacerlo, tales como la ley electoral del 77 donde se reconoce la existencia de partidos de oposición, la Ley Federal de Radio y Televisión que otorga atribuciones al Ejecutivo para tener control sobre los medios de comunicación que, en una etapa posterior, tal control sería insostenible. En tiempos del Estado benefactor, el Ejecutivo tenía absoluto control sobre el comercio internacional y decidía exactamente qué podría entrar al país o no. Dirección absoluta sobre la política internacional, control como Comandante Supremo de las fuerzas armadas, nombramiento de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, por supuesto el nombramiento de su gabinete, etc.

Conclusiones

Habiendo puntualizado lo anterior, sigue la pregunta inicial en el aire ¿por qué la derrota del PRI en 2000 y 2006 a nivel presidencial no significó un cambio en el sistema político mexicano? Podría haber infinidad de razones, pareciera que en términos de la distancia de las políticas del PAN respecto al PRI neoliberal mereciera otro ensayo a realizar, sin embargo, en lo que concierne al sistema como un conjunto de interacciones que aseguran la asignación autoritaria de valores es posible mencionar que el sistema se construye bajo el PRI, el presidencialismo y la constitución como elementos centrales que derivaron en diferentes prácticas, que rayan en términos de la informalidad, asegurando su subsistencia.

Es decir, a pesar de que la figura presidencial que, como hemos visto, concentra gran poder, por sí sola no es capaz de revertir un sistema político basado en la ficción democrática y en lazos tradicionales. En mi opinión puedo observar que aquellos comentarios en donde se veía una muerte lenta del PRI observaban su poderío únicamente en el Ejecutivo, siendo que, como dijo López Villafañe, el presidencialismo no es el poder Ejecutivo sino una unidad (de fracciones) en torno al poder, entonces, al relevarse la figura del presidente, esas fracciones que vieron sus intereses afectados o hicieron el juego en el Congreso o se apegaron a las figuras en el poder vigentes de tal manera que no hubo cambio estructural sino una adecuación de estas fracciones a la nueva configuración de poderes. Habría que pensar, entonces, que para lograr un cambio profundo la figura presidencial no es lo único que debería verse afectado.

BIBLIOGRAFÍA

Cosío Villegas D. El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio. México: Joaquín Mortiz. 1975.

Easton D. Esquema para el análisis político. Buenos Aires. Amarrortu Editores. 1979.

Gilly A. Nuestra caída en la modernidad. México: Joan Boldó i Climent. 2008.

Gimate W. & Pedro F. (coord.) Sistema político mexicano. Ayer y hoy. México: Miguel Ángel Porrúa – Senado de la República 2010.

Guerra François Xavier. México: Del antiguo régimen a la revolución. México: FCE, T. I, 2003.

Hamilton N. México: Los límites de la autonomía del Estado. México: Editorial ERA. 1991.

López Villafañe. La formación del sistema político mexicano. De la hegemonía posrevolucionaria a la hegemonía neoliberal. México: Siglo XXI, 2016.

Smelser Neil (comp.). Carlos Marx. Sociedad y Cambio Social. México: Extemporáneos 1975.

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