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  • Rodrigo Díaz Bárcenas

La subsistencia es un derecho, no un lujo


La emergencia sanitaria mundial, provocada por el Covid-19 ha pasado a ser ya una crisis de índole social. Si bien este virus ha ocasionado una crisis sanitaria y económica a nivel global, el impacto en estos ámbitos no ha tenido las mismas dimensiones en las diferentes regiones del mundo.

 

Foto del encabezado obtenida de: República de las ideas

El Covid-19 ha erosionado la capa más delgada de las sociedades vulnerables y emergentes, como la mexicana. Sociedades que previo a la aparición de una crisis de esta dimensión, apenas se encontraban a flote, luchando con las constantes y permanentes crisis de seguridad, desempleo, corrupción, pobreza y educación, que exigía el día a día. La sociedad mexicana no es la excepción. Nuestro país tampoco estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas proporciones, que dejó ver la fragilidad de nuestro sistema económico, político, educativo, sanitario y de seguridad pública.

La crisis económica en México es ya un asunto que sabemos que tendremos que enfrentar en un futuro muy próximo; la pérdida de 555,247 empleos tan sólo en el mes de abril y los 3 millones de desempleados que se calcula que dejará la pandemia en nuestro país, son ya una realidad.

Por su parte, la delincuencia en México, y en especial los crímenes de homicidio doloso, tan solo de enero a marzo ascendieron a 8,585; es decir, 13.5% más que en el mismo periodo del 2019. Sin duda, la delincuencia ya está cobrando más vidas en nuestro país, que la misma epidemia; y el desempleo y la pobreza cobrarán aun más, si no se implementan políticas públicas integrales y eficaces, para mitigar el impacto económico en las familias mexicanas.

Pero si bien es urgente atender la pobreza y la delincuencia que azota nuestra sociedad, y que se ha acrecentado a partir de la crisis sanitaria, debemos tener cuidado de no caer en la falsa creencia de que lo esencial es ahora un artículo de lujo. Ante el escenario del aumento del desempleo, las protestas y la ola de descontento social que se avecina, las necesidades imperantes de la población se convierten en un terreno fértil para el oportunismo político.

Para la clase política voraz, la necesidad más elemental de los 54.2 millones de pobres, más la de los 9.8 millones que calcula se sumarán después de la pandemia; son una enorme oportunidad para promocionarse en los próximos comicios, bajo la promesa de garantizar un poco de paz social y la subsistencia –nada nos garantiza que la cumplirán-, que por derecho nos pertenece.

Ahora más que nunca, será indispensable la máxima vigilancia ciudadana hacia el actuar político, para evitar la reaparición de prácticas políticas arcaicas, en las cuales el voto no valía más que la despensa para una semana; un conjunto de mochila, gorra y termo; o la promesa vacía de una supervivencia y una paz relativa.

La recuperación económica de nuestro país, así como la estabilidad económica y social de la ciudadanía, no podrá estar basada en promesas de campaña ni en apoyos temporales de corte asistencialista. La movilidad social de las personas en condición de pobreza que se sumarán a partir de esta crisis sanitaria, dependerá de que los apoyos otorgados por el gobierno se traduzcan en políticas públicas integrales y permanentes.

La propuesta de un ingreso mínimo vital sólo podrá impactar en los bolsillos de nuestra ciudadanía si va acompañada de una posibilidad real de ascenso social, mediante la creación de empleos formales por parte del sector público y privado, a través de obras de infraestructura y de la consolidación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que fortalezcan las bases de nuestra economía.

Ante el panorama actual, la ciudadanía de este país merece algo más que la promesa de la satisfacción de sus necesidades básicas de subsistencia para una vida digna, que por derecho le pertenece, y por la cual lucha todos los días mediante su trabajo y el pago de sus impuestos.

 

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