Comentario al libro: El infierno electoral
Barranco Villafán, Bernardo. El infierno electoral. El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. México: Grijalbo, 2018, 215 págs. Y un anexo de 38 páginas.
Contenido general
Es un libro que se propone dar cuenta con algún pormenor del fraude cometido en el Estado de México durante el proceso electoral de 2017. A través del cual se dejó llegar a la gubernatura de ese mismo estado a Alfredo del Mazo Maza
El objetivo es mostrar cómo Del Mazo llega de forma fraudulenta y violentando las disposiciones de las leyes electorales de nuestro país -así como la Constitución General de la República-, a la gubernatura y, cómo los diferentes órdenes de gobierno participaron en ello, sin que la autoridad electoral hiciera algo por impedirlo.
A excepción honrosa de algunos consejeros que denuncian a través de este libro precisamente “el infierno electoral” que vivieron durante 2017 en el IEEM; y que protestaron en el lugar y el momento precisos, aunque no fueron escuchados, como el Dr. Gabriel Corona que presentó una protesta ante el pleno del Instituto Electoral del Estado de México cuando se validó la gubernatura para Del Mazo; teniendo como respuesta, presiones, acusaciones y hasta amenazas.
Pero, de nada servirán sus protestas y valentía si los ciudadanos y las autoridades electorales permiten que el fraude electoral se repita de la misma infernal manera, en 2018. Este libro está precisamente para alertarnos respecto a un posible fraude en las próximas elecciones.
Tesis principales:
Para Lorenzo Meyer, las reglas del juego en el sistema político mexicano han ido cambiando, pero no han llevado al país a la democracia, aunque sí a un mayor pluralismo. Tan es así que, aunque en el Estado de México en 2005 volvió a ganar el PRI, Enrique Peña Nieto lo hizo con mayoría relativa y ya no absoluta como en el pasado. El PRI sigue ganando porque las elecciones en el Estado de México, como estudia este libro, intervienen las fuerzas del poder de los tres órdenes de gobierno, así como las instituciones electorales federales y locales “para desechar los reclamos documentados de la oposición”, p. 11. En el estado de México se llevó a efecto una elección de Estado bajo las antiguas fórmulas políticas del autoritarismo. El llamado “Grupo Atlacomulco” se volvió a imponer; no importándoles convencer, sino vencer.
Bernardo Barranco coordinador del libro señala que el objetivo de éste es describir por qué se vivió -durante el proceso electoral en el Estado de México- “un verdadero infierno”; debido a que el ambiente electoral fue dominado por la “desatada codicia del poder”. El triunfo del PRI para la gubernatura del EDOMEX fue resultado de una elección y fraude sistémico: todo preparado y orquestado para obtener la gubernatura a como diera lugar por el sistema priista que gobierna al país:
1. Programas sociales puestos en marcha en las zonas más pobres y con la finalidad expresa de coaccionar a la población para obtener votos a favor de Del Mazo.
2. Miedo y terror como armas para inhibir e intimidar a aquellos sectores que podrían haber favorecido con su voto a la oposición y a aquellos consejeros electorales que pretendían transparencia, equidad, libertad, sufragio universal, secreto y directo, etc., es decir, reglas mínimas de la democracia electoral.
3. Manipulación del IEEM y del Tribunal Local. “Más que una elección de Estado fue el laboratorio de una elección sistémica. Fue un operativo político masivo de guerra total. Pese al importante despliegue de recursos y estrategias, el priismo apenas alcanzó un triunfo justo. Con dificultad ganó por una nariz.”, p. 18.
4. Consejeros a modo, por la falta de objetividad durante el proceso de selección de los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).5. El exceso de dinero debido a los desvíos que el sistema hizo de las instituciones hacia la campaña de Del Mazo.
La clase política del Estado de México evidenció su “occidentalidad tropicalizada”, así como su pertenencia a una “civilización salvaje” (como analiza González Casanova, a decir de Barranco, p. 26), al haber intervenido de la manera más burda en el proceso electoral al entregar apoyos “cuadra por cuadra” proveniente del mucho dinero, en efectivo, que se distribuyó, “cuya procedencia es poco clara” (p. 28), el “caso de la cartonera plástica” y el dispendio de todo el sistema electoral, al cual le fue aprobado un altísimo presupuesto como árbitro electoral y el cual a su vez aprobó un tope de gastos de campaña altísimo -285 millones de pesos-.
Todo lo cual aunado a los procesos de miedo para desincentivar el voto y dar por válidos los registros de candidatos independientes “cuyas cédulas fueron llenadas con la misma tinta y, a parecer, por la misma mano”, p. 40 (y sobre lo cual nadie chistó a excepción del consejero Gabriel Corona “que votó contra el acuerdo, a contracorriente de sus compañeros”, quienes no se molestaron en revisar las cédulas como el consejero Corona sí hizo al encontrar inconsistencias en 2 mil 387 cédulas que él había revisado). A los ojos de todos, el fraude se consolidó de la manera más tropicalizada, de tal manera que en Twitter el hashtag fraude electoral, #fraudeElectoral se volvió trending topic.
De lo más importante y, sumamente grave, que señala el consejero Gabriel Corona es que pese a todas las anomalías que hubo durante el proceso electoral del Estado de México ¡no se constituyó ni sancionó ningún delito!
Pese a que se eligió no a los mejores sino a los cercanos al PRI y que académicos de renombre, capacidad y méritos cayeron frente a la burocracia electoral; pese a la colaboración abierta de algunos consejeros con los Partidos; pese al hostigamiento de quienes no participaban en la colaboración; pese a la inconformidad manifiesta de los consejeros críticos frente a un INE indiferente que nunca los recibió para escucharlos; pese a la renovación amañada de la Junta General del IIEM; pese a los manejos para dar el registro a un partido local llamado Virtud Ciudadana, que sería comparsa del PRI en los comicios; pese a las amenazas del PRI, de la Secretaría de Gobierno, etc., en contra de consejeros como Gabriel Corona y la ola de descrédito en su contra y contra de algunos consejeros valientes y críticos; pese a la violencia desatada y las protestas en actos proselitistas; pese a que no se publicaron los resultados del PREP; aunque una consultoría diera por ganador a Del Mazo a las 11:23 de la mañana el día de las elecciones y, pese a que cada acto daba para sanciones y para configurar delitos ¡¡¡no hubo ni una sola sanción, ni una sola respuesta, ni indicios de que lo fuera a haber sobre el gran fraude cometido en el Estado de México!!!
Anna Vanessa González Deister, por su parte, se pregunta: “¿Es lícito desplegar programas sociales y acciones asistenciales dirigidas a una población con altos índices de marginación, como la mexiquense? La respuesta resulta obvia y de ello se aprovecharon los funcionarios públicos que participaron en estos actos.”, p. 92
En solo 30 días se echaron a andar 63 de 137 programas sociales que se tenía pensado poner en marcha con la colusión del Congreso estatal. El Estado de México es el estado con mayor población del país y es el estado con mayor pobreza: 8.2% millones de personas en situación de pobreza, de las cuales un millón cincuenta mil se encuentran viviendo en pobreza extrema, p. 95. Pese a que ningún funcionario de cualquiera de los tres niveles de gobierno, en ningún momento, pueden hacer uso del erario con fines electorales, en 2017 en la elección de Estado de México, lo hicieron en favor del candidato del PRI, franca y abiertamente.
Es clara, por lo tanto, la colusión de la clase política con el fraude electoral llevado cabo en el Estado de México. Lo cual no fue ético ni lícito. La estadística postelectoral lo demuestra: a mayor pobreza, mayor votación por el PRI. A menor pobreza de la población, mayor votación por MORENA. Norberto López Ponce sostiene que hubo tal cantidad de denuncias no atendidas y tantas estrategias negras de acción política como los citatorios apócrifos con direcciones reales, el levantón a morenistas, etc., que el resultado fue que el terror y el miedo golpearon a la democracia del siglo XXI, pues los priistas cumplieron con su sentencia de ganar a como diera lugar.
Y con la frase conocida en francés como “Paris vant bien une messe”, p. 132. “Permitir un fracaso de este calibre sólo puede llevar al regreso del autoritarismo o al convencimiento de que la vía electoral no funciona”, p. 132 Santiago Nieto Castillo realiza un recuento breve, pero sustancioso sobre las características de la elección: tarjetas rosas de dos mil pesos con la promesa de que habría más si conseguían mayor número de electores.
Adultos mayores llorando por no querer ir a la cárcel debido a un citatorio apócrifo de la FEPADE. “Casas amigas” operando cerca de las casillas de votación. Que una Secretaría de estado federal enviara retuits a favor de un candidato, etc.“Nunca, nunca, nunca supe de otro estado en donde se dejaran 51 cabezas de cerdo en casas de funcionarios de casilla…” p. 138 José Núñez Castañeda hace un muy buen recuento de acontecimientos político-electorales y sobre cómo el IFE, convertido ahora en INE, ha caído en total descrédito. Cómo se fue desdibujando desde su fundación en 1996, hasta llegar a la connivencia clara con el partido en el poder.
En la elección del Estado de México no hubo siquiera una tarjeta amarilla para amonestar al gabinete presidencial por su participación a favor de Del Mazo. El autor recuerda las palabras de Luis Cabrera para expresar de forma clara lo que pasó en el Estado de México, ya que, por más pruebas ofrecidas, no se constituyó el delito de fraude y, en consecuencia, de castigo, ante los oídos sordos de la autoridad electoral estatal y federal: “Los acusé de rateros, no de pendejos”, p. 165.
Y tal parece que está vigente lo que Von Bismark decía acerca de que “las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”, p. 154 Ya que, si bien existen, no son efectivas porque “El que paga manda”, p. 155. Hoy el INE es tolerante y simulador. Y para ejemplo está su acción frente al Partido Verde que en lugar de retirarle el registro por un sinnúmero de irregularidades sólo le impuso una multa pagadera en fáciles parcialidades; y, respecto al Estado de México, sólo un consejero local -el Dr. Gabriel Corona- se opuso a dar por válida la elección de Del Mazo como gobernador.
Eduardo Huchim hace una cuantificación del dinero que se usó en grandes cantidades y de forma absolutamente ilegal por todos los órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) tanto en la elección de Eruviel Ávila al gobierno del Estado de México, como de Peña Nieto a la presidencia. Del erario de los tres niveles; del sector empresarial; así como de la delincuencia organizada como fachada, provinieron las cantidades enormes de recursos para corromper la elección: recursos humanos y materiales que se volcaron a los programas sociales y a la compra de votos, recursos y cargos para autoridades de todos los niveles; compra de autoridades electorales, etc.
Aunque también hubo subsidio federal legal, pero inequitativo; lo mismo que cuantiosas transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses; “fondos municipales desviados de sus fines legales y probablemente destinados a la campaña priista de 2017 en el Estado de México”, p. 194.
El autor documenta el caso del abogado Paulo Díez Gargari, quien realizó una investigación sobre la desaparición de mil 600 millones de pesos cuando se dio la construcción de la carretera Chamapa-Lechería. Y muestra cómo esa investigación develó que algunas empresas relacionadas con el caso como AHMSA, Javomex, El Grupo Zorro Abarrotero, resultaron ser empresas fachada a través de las cuales se transfirieron muchos más millones de pesos que financiaron la campaña del Estado de México para hacer ganador a Del Mazo.
A pesar de los datos, cuentas, nombres y domicilios, la Unidad de Fiscalización de la autoridad electoral, no hizo nada; desechando el 14 de julio de 2017 la denuncia presentada. El autor confía en que en algún momento se investigue hasta a Luis Videgaray quien avaló la triangulación de 250 millones de pesos para financiar las campañas del PRI; así como el caso de Marcelo Odebrecht “el hombre que confesó haber sobornado a buena parte de la élite política de América Latina”, p. 208.
El autor concluye augurando: “Para bien de la nación y de los involucrados en el escándalo Odebrecht-Lozoya, sería bueno que el esclarecimiento se diera en el sexenio de Peña Nieto.”, p. 212.
Anexos relativos al proceso electoral 2016-2017.
En los anexos se presentan los nombres de consejeros titulares salientes y por quiénes fueron sustituidos; funcionarios y hechos de todos los órdenes de gobierno que afectaron el proceso electoral de 2016-2017.