Conflicto del límite: Ciudad de México

 

En el presente artículo citamos algunas incógnitas que versan alrededor de la actual conformación del territorio conurbado de la Ciudad de México y algunas acciones que han centrado su atención en el tema.

 

En el momento en que una porción de territorio que formaba parte del Estado de México, se erigió y constituyó como la sede de los poderes de la Unión, sus límites no causaron conflictos trascendentales, por lo que se dio lugar al acotamiento de la representatividad de gobernantes locales.

 

Esto, a pesar de los reajustes político-administrativos derivados de las distintas formas de Gobierno adoptadas por el Estado mexicano: desde el triunvirato con el nacimiento de una nueva nación independiente, (sistemas federalista y centralista, así como los dos imperios) hasta la consolidación del sistema político en 1917 y la creación del Departamento del Distrito Federal en 1928.

 

Hacia finales del siglo XX se vislumbró una serie de distintas problemáticas emanadas, sobre todo, del caótico crecimiento demográfico. Ante la existencia de un número mayor de personas, dentro y alrededor del territorio conocido como Distrito Federal, surge la necesidad de ocupar un mayor espacio destinado a albergar a una población en vertiginoso ascenso. Pero es casi imposible que crezca hacia arriba, es decir, que pululen los rascacielos, por dos importantes motivos: recursos financieros insuficientes y la frecuente amenaza de sismos en una cuenca lacustre. Ante ello, se ocupan espacios no del todo aptos para construir:

 

 

*Antiguos terrenos desecados que no cuentan ya con el soporte de mantos acuíferos, y extraídos por la misma población que ocupa la superficie, comienzan a hundirse. Esto provoca cuarteaduras en las construcciones, desniveles entre viviendas y cuadras, grietas en las calles (que ponen en riesgo a las personas), derrumbes parciales y totales de construcciones e inundaciones reiteradas en temporada de lluvias.

 

 

*Terrenos ubicados en laderas de montañas y barrancas con suelo irregular, generalmente poco accesible a los automóviles e inviables para consolidar servicios públicos básicos y la traza urbana. También son ideales en la generación de áreas que concentran y permiten el escape, en caso de persecución, de delincuentes comunes. En temporada de lluvias, las construcciones tienen el riesgo de colapsarse y caer al fondo de alguna cañada.

 

 

 

*Terrenos baldíos o con edificaciones mínimas de propietarios privados o de propiedad gubernamental, en óptimas condiciones para construir, son invadidos por la fuerza. En múltiples ocasiones, por decreto, se terminan cediendo a los invasores, se expropian o se venden parcialmente ante la presión política de diversas organizaciones sociales en búsqueda de vivienda.

 

La clave para entender el porqué de la existencia de desorden en los puntos mencionados anteriormente, está en el último párrafo: algunas de las organizaciones sociales[1] afiliadas a partidos políticos como el PRI (CNOP, CCI, Antorcha Popular y Antorcha Campesina) y el PRD (Frente Popular Francisco Villa, Asamblea de Pueblos y Frente Popular Francisco Villa Independiente). Dichas organizaciones cuentan, al interior, con grupos de personas radicales que emplean, en caso de ser pertinente, la amenaza, el amedrentamiento o los golpes a aquellos que se opongan a los planes de los líderes o se crucen en su camino. 

 

 

 

(1) Las organizaciones se identifican con la capacidad para movilizar, integrar y orientar actividades hacia el cumplimiento de fines, cuyos resultados se observan por su efecto transformador y de agregación de valor. Es, en este sentido, que las organizaciones tienen incorporada la posibilidad de comunicarse con sus entornos, preferentemente, mediante sus prestaciones de servicios con otras organizaciones. Justamente, la estructuración y coordinación de conjuntos de acciones para cumplir objetivos y el ofrecimiento de soluciones específicas a demandas y problemas difusos, sitúan a las organizaciones como medios eficientes para integrar recursos y enfrentar la reproducción de la sociedad y la de sus entornos. En Arnold-Cathalifaud, Marcelo.  Las Organizaciones desde la Teoría de los Sistemas Sociopoiéticos. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. (http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/32/arnold.html) [Consultado el 15 de agosto de 2013].

 

 

 

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Retomando, al crecer la población, también surgen problemas por los límites territoriales; tanto entre entidades federativas, como entre particulares. Asimismo, el tipo de uso de suelo, ya sea agrícola, residencial o comercial; es una constante de conflicto en los últimos años. Si se me permite, llamaré al fenómeno mencionado como conflicto del límite (límite territorial, del Estado de Derecho y del orden[2]), sólo para efectos del presente artículo.

 

[2] Nos referimos a límites, tanto físicos como abstractos, del orden del territorio y del orden jurídico−legal. Cualquier parecido con la teoría del límite central en matemáticas, es mera coincidencia.

 

 

Pero, ¿por qué la llamaremos así? Aunque mencionásemos sólo los conflictos por límites territoriales, es necesario incluir la fenomenología implícita en la población afectada por dicha situación que se encuentra al borde del caos, orillada por la incontrolable oleada de bandas delincuenciales en diferentes rubros: asaltos en vía pública, en transporte de pasajeros, a casa habitación; secuestros exprés, extorsiones, homicidios, violaciones sexuales, abusos de autoridad y corrupción (lo mismo da que la autoridad la fomente o no, pues el ciudadano la permite y la acepta).

 

Al momento de la ejecución de un delito en una demarcación, y siendo que los delincuentes procedan de la vecina entidad federativa; resulta sumamente complejo para el ciudadano común enfrentarse a las deficiencias de coordinación entre autoridades, para atender su denuncia.

 

Por ejemplo, si un autobús de pasajeros sale del Distrito Federal hacia el Estado de México, y un grupo de delincuentes comete un asalto en el trayecto, sin quedar claro si fue dentro o fuera de los límites del DF, de igual manera el pasajero enfrenta una serie de trabas por vacíos legales o indefinición jurídica, combinada con la incompetencia y negligencia de los funcionarios de instituciones, encargadas de administrar y procurar justicia.

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Si, al momento de realizar un acto de compra-venta,  estando en el Estado de México, se paga al vendedor con un cheque sin fondos, emitido en el Distrito Federal, lo más probable es que el vendedor no pueda reclamar su derecho ante lo complicado del hecho. Si no está claro si una colonia es de una u otra entidad, los funcionarios entran al juego de echarse la bolita, es decir, canalizan a las personas solicitantes con los funcionarios de la vecina entidad federativa en el momento en que el ciudadano solicita apoyo de las autoridades. Sin embargo, ninguno resuelve, sólo envían de regreso a la persona en cuestión.

 

De acuerdo con Weber:

 

 

El hecho de que alguien, gracias a un orden jurídico estatal, tiene un “derecho” (subjetivo) significa, por tanto, en el caso normal –el que nosotros tenemos en cuenta por ahora-, para la consideración sociológica: que posee una probabilidad, garantizada efectivamente mediante el sentido consensual válido de una norma, de pedir la ayuda de un “mecanismo coactivo” preparado a tal fin a favor de determinados intereses (ideales o materiales). En el caso normal, por lo menos, la ayuda consiste en que determinadas personas estén dispuestas a prestarla en caso de que alguien se dirija a ellas en las formas usuales y haga valer que existe una “norma jurídica” que garantiza esa “ayuda”.[3]

 

 

(3) Weber, Max. Sociología del derecho, en Páez Díaz de León, Laura. La teoría sociológica de Max Weber. Ensayos y textos.  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Acatlán. UNAM. México, 2001, p. 163.

 

Por tanto, dadas las circunstancias que cuestionamos, no existe ese “alguien” que garantice la validez de la norma jurídica. Puesto que la situación está más allá de la misma, existe una especie de limbo legal donde se aprecia lo que hemos nombrado como conflicto del límite. Ante la existencia del mismo, se aprecian diversas anomalías que afectan a los habitantes.

 

Al respecto, nos dice Luna Leal, en un estudio sobre conflictos intermunicipales acerca de las problemáticas generadas, algunos factores importantes:

 

  1. Que la población que habita en la zona de indefinición desconoce en qué tesorería municipal tiene que cubrir sus respectivos impuestos;

  2. Desconocimiento a qué autoridad local acudir para el caso de necesitar permiso de construcción, anuencias, derechos y aprovechamientos;

  3. La actitud desafortunada de los ayuntamientos en conflicto, por no aprobar obra pública básica en la zona de conflicto, ni prestar los servicios básicos;

  4. Las múltiples opciones y contrariedades a las que se enfrenta el ciudadano de la zona en conflicto, en el momento en que tiene que decidir ante qué Registro Civil celebra su contrato de matrimonio. Solicitar, en su caso, acta de defunción, registrar a menores…[4]

(4)Luna Leal, Marisol. Conflictos por límites territoriales intermunicipales en México. Estado de la cuestión, p. 312. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2921/14.pdf [Consultado el 10 de junio de 2013].

 

 

Debemos especificar que, lo que menciona Luna, se aplica a la administración municipal, pero también podemos asegurar que son observaciones que corresponden, de igual manera, a las delegaciones políticas en el Distrito Federal.

 

Aunado a lo mencionado en líneas precedentes, no ha existido una visión eficiente en el sentido de la planeación urbana, tal como se plantea en el siguiente extracto:

 

El poblamiento formal ha ocurrido en forma dispersa y desarticulada –producto del “inmediatismo”, la ineficacia, la corrupción y la falta de control social en la gestión urbana gubernamental-; el poblamiento informal mayoritario, a través de procesos masivos de urbanización incontrolada, mediante asentamientos humanos irregulares sobre todo en terrenos ejidales.

 

Los patrones referidos revelan la incapacidad de la gestión gubernamental en el ordenamiento y acondicionamiento del territorio en el Vallede (sic) México –y en el país en general- para dar respuesta a los problemas que genera la urbanización. La “planeación” de las ciudades queda en manos de las fuerzas del mercado y de los grupos de interés.[5]

 

 

(5) Iracheta Cenecorta, Alfonso, expositor, en Eibenschutz Hartman, Roberto y Rébora Togno, Alberto, coordinadores. El desarrollo urbano del Distrito Federal en el año 2000. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gobierno del Distrito Federal, México, 2000, p. 55.

 

 

 

Un punto a considerar, mencionado en la cita anterior, versa sobre las fuerzas del mercado; puesto que en las últimas dos décadas se han llevado a cabo un sinnúmero de desarrollos habitacionales en la periferia del Distrito Federal; en los municipios conurbados, por parte de constructoras privadas que tienen convenios con instituciones federales de financiamiento para la vivienda y, en contados casos, con instituciones bancarias que ofrecen créditos hipotecarios.

 

La concentración masiva de estos desarrollos provoca molestia en los habitantes tradicionales de poblados en donde se ha construido, ya que, al concentrarse más habitantes, se vuelven insuficientes las arterias viales y el agua potable, lo que atrae organizaciones indeseables en busca de vivienda, negocios, o la oportunidad de cometer ilícitos con terrenos irregulares o con las pertenencias, hogares, e inclusive sobre las mismas personas.

 

Otro hecho que se añade al desorden es la atracción migratoria que ejerce la concentración de recursos, empleos y el centralismo de las dependencias gubernamentales. La falta de oportunidades en sus lugares de origen, obliga a las personas a migrar a la capital del país y asentarse en la periferia, en casa de familiares, en algún desarrollo habitacional nuevo o, en el último de los casos, invadiendo, junto con otros buscadores de vivienda, terrenos aledaños a los desarrollos de reciente creación.

 

En un intento por entender y, si acaso, manejar la caótica conformación del Distrito Federal y municipios conurbados, se ha conformado en estudios la llamada Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), o bien, Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Y, acerca de la afirmación sobre la inexistencia del Estado de Derecho y el conflicto del límite, encontramos estas líneas:

 

 

La Ciudad de México, Distrito Federal (DF), capital de México, es sólo una parte de la ciudad real, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La unidad económica, social y territorial, más allá de las particularidades e identidades propias de sus partes, está política y administrativamente fragmentada entre el Gobierno del DF y los de los municipios conurbados de los estados de México y, en menor medida, Hidalgo y sus órganos legislativos.

 

 

La Constitución Política mexicana y sus leyes federales no resuelven esta dualidad, ni para la ZMVM, ni para otras metrópolis del país que la comparten en complejidad y grado diversos; solo (sic) incluyen mecanismos e instrumentos administrativos de coordinación de segundo nivel, insuficientes para resolver los problemas de la administración metropolitana y atender a las necesidades derivadas de su crecimiento y funcionamiento.[5]

 

 

 

[5] Pradilla Cobos, Emilio. Zona Metropolitana del Valle de México: avances y límites de la coordinación metropolitana. En el marco del coloquio: observatorio de la transición en el Distrito Federal. http://www.emiliopradillacobos.com/ago2011/2001_ZMVM_Avances%20y%20limites%20d%20la.pdf [Consultado el 4 de marzo de 2013].

 

 

 

Una de las razones por las cuales la autoridad local en el DF no consolida un proyecto que impacte en las problemáticas de la metrópoli, mencionadas anteriormente, es el hecho de no contar con un status federativo definido en la constitución: tema ampliamente tratado en esta última década, pero aún lejos de aprobarse la ansiada Reforma Política para el Distrito Federal; la cual, se espera, dé atribuciones de Estado al DF y permita avanzar en la coordinación metropolitana.

 

Una de las claves para emprender una solución es la regulación en distintos rubros, empezando por la coordinación interestatal. Regular es el tema que debe ocupar la agenda para, en un inicio, mitigar los múltiples elementos enumerados anteriormente. La tarea es regular el territorio, la administración y procuración de justicia en cuestiones interestatales; la coordinación entre autoridades; la planeación urbana y la prestación de servicios básicos. Es un principio del cual se puede partir para la resolución del conflicto del límite.

 

 

En este escenario, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal existe una Comisión Especial de Límites Territoriales que celebra reuniones periódicas con la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal, dentro de la cual se reconoce la existencia de conflictos territoriales y de los que hemos mencionado en el presente artículo.

 

 

 

Es menester mencionar que existe la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, encabezada por los titulares del ejecutivo del Distrito Federal y el Estado de México; la cual se ha centrado, principalmente en cuestiones de obra pública y algunas aproximaciones al tema de la delincuencia común y la coordinación policial entre ambas entidades. Evidentemente, aproximaciones tibias.

 

Los esfuerzos por consolidar las tareas de la Comisión Metropolitana del Valle de México y las tareas realizadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son los primeros pasos para resolver la problemática. No obstante, aún está muy lejos de entenderse y abordarse con la seriedad debida. Concluyendo, la organización de la gran Ciudad de México enfrenta nuevos retos derivados de un proceso histórico de transformación en donde ha prevalecido el desorden. Poco ha sido abordado; entre menos sea un tema por abordar, mayor complejidad aportará.

 

Se han dado los primeros pasos, sin embargo, el reto es considerable. Para abordar la problemática, mencionamos la existencia del conflicto del límite y finalizamos con el planteamiento que se le ha dado al fenómeno, así como una aproximación a su solución.

 

FUENTES CONSULTADAS

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA del Distrito Federal: http://www.aldf.gob.mx/comision-especial-limites-territoriales-749-1.html [Consultado el 23 de abril de 2013].

 

Escenarios demográficos y urbanos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis. CONAPO, México, 2010.

 

 

IRACHETA Cenecorta, Alfonso, expositor, en Eibenschutz Hartman, Roberto y Rébora Togno, Alberto, coordinadores. El desarrollo urbano del Distrito Federal en el año 2000. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gobierno del Distrito Federal, México, 2000.

 

LUNA Leal, Marisol. Conflictos por límites territoriales intermunicipales en México. Estado de la cuestión. Pág. 312.

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2921/14.pdf   [Consultado el 10 de junio de 2013].

 

PRADILLA Cobos, Emilio. Zona Metropolitana del Valle de México: avances y límites de la coordinación metropolitana. En el marco del coloquio: observatorio de la transición en el Distrito Federal.

 http://www.emiliopradillacobos.com/ago2011/2001_ZMVM_Avances%20y%20limites%20d%20la.pdf ARD M., Peter. México: una megaciudad. Producción y reproducción de un medio ambiente urbano. CONACULTA, Alianza Editorial, México, 1991.

 

WEBER, Max. Sociología del derecho, en Páez Díaz de León, Laura. La teoría sociológica de Max Weber. Ensayos y textos.  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Acatlán. UNAM. México, 2001.

 

 

 

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Horacio Gabriel Saavedra Castillo

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Colaboran en esta obra, miembros de la comunidad universitaria de la FES Acatlán y de algunas otras facultades de la UNAM; así como miembros de otras instituciones públicas. Los escritos son propiedad intelectual y responsabilidad de quienes los escriben y los firman.

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